Presupuesto 2012: “Esperemos que el Congreso cumpla su rol”

 El ministro de Economía pidió aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo porque "es una herramienta de la democracia". Entre otros puntos, la iniciativa prevé un PBI del 5,1%, una variación de la inflación del 9,2% y una cotización del dólar en 4,40 pesos.

El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró que "se espera que el Congreso cumpla con su rol" para aprobar el Presupuesto 2012 al exponer en la Cámara de Diputados sobre los principales lineamientos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. La presentación  en el Salón Delia Parodi, ante los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

"Esperamos la aprobación porque no es el presupuesto del Gobierno, sino de la democracia”, agregó el titular del Palacio de Hacienda -quien llegó acompañado por los integrantes del equipo económico- y realiza un informe de las pautas incluidas en la iniciativa que contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5,1%, una variación del Índice de Precios al Consumidor del 9,2% y una cotización del dólar en 4,40 pesos como promedio anual, entre otros indicadores.

“Quiero hacer una elaboración para reflexionar la importancia del presupuesto. Lamentablemente el año pasado no lo hemos tenido lo cual en un mundo de alta incertidumbre hubiera sido importante contar con esta herramienta para aquellos que tenemos responsabilidades políticas”, puntualizó. 

Y siguió: “Seria bueno que este año podamos contar con esta herramienta. El año anterior la presidenta pudo armar un presupuesto en términos administrativos. Es mucho mejor si el Congreso cumple con su rol y aprueba el presupuesto más en los tiempos que estamos viviendo. No es menor a la toma de decisiones políticas poder hacer una evaluación del contexto internacional”. 

“Este gobierno demostró que cuando hubo turbulencias en el mundo, se tomaron medidas que nos permitieron sortear las crisis y seguir con las políticas”, sostuvo, al tiempo que añadió que “Es importante destinar parte del presupuesto en materia energética y en educación”.

"El panorama internacional tiene dos nombres: incertidumbre y volatilidad", afirmó e insistió en considerar que las medidas de política económica decididas en países como Estados Unidos y los europeos, "desde nuestra óptica van a agravar la situación", por lo que para el corto plazo "no podemos esperar que las tasas de crecimiento se aceleren y se reduzca el desempleo" fuera de la Argentina.

En ese sentido, dijo que la previsión de crecimiento argentino de los organismos internacionales es del 8 por ciento para este año, lo que lo ubica en "el segundo mayor a nivel internacional" y destacó que se contempla para el 2012 un "desempleo en franca baja y un desendeudamiento impresionante, porque era del 166 por ciento y ahora, si lo desagregamos con el sector privado, es del 17 por ciento del PBI". 

El proyecto de Presupuesto 2012 ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 15 de setiembre, tal como lo establece la ley de Administración Financiera, y comenzará a ser debatido por la comisión de Presupuesto de la Cámara baja en las próximas semanas.

En el marco del debate, funcionarios del Ministerio de Economía concurren a la comisión de Presupuesto, que preside el diputado kirchnerista por Santa Fe, Gustavo Marconatto, a exponer los alcances de las pautas incluidas en el texto y responder las inquietudes que le formulen los diputados.

Hasta el momento, la mayoría de los bloques opositores se mostraron a favor de debatir el texto, a diferencia de lo que ocurrió en 2010 cuando las bancadas nucleadas en el desarticulado "Grupo A" impidieron la discusión del proyecto en el recinto.

Si bien coincidieron en la necesidad de discutir el texto, los legisladores observaron algunas pautas incluidas en la ley de leyes como la estimación del crecimiento y el valor promedio del dólar, entre otras proyecciones, y anticiparon que plantearán sus cuestionamientos en el marco del debate de la comisión.

El texto estima en 4,40 pesos la cotización promedio del dólar para 2012; un consumo total de 1.562.365 millones de pesos; una inversión total prevista de 460.942 millones de pesos y un saldo favorable de la balanza comercial de 8.579 millones de dólares.

Por otra parte, establece un uso de reservas por 5.674 millones de dólares para pagar deuda -a través de la continuidad del Fondo de Desendeudamiento-, mientras que el superávit primario proyectado fue establecido en el 2,2%.

La recaudación, en tanto, ascenderá a 668.290,5 millones de pesos, con una mejora del 23,2%; el Gasto Público previsto suma 505.130 millones de pesos y el Gasto Social rondará los 303.000 millones de pesos (60 por ciento del total del gasto).

En cuanto a los recursos tributarios, a través del impuesto a las Ganancias, el Poder Ejecutivo proyecta recaudar 131.329 millones de pesos (+22,7%); el IVA 185.109 millones (+23,5%); impuestos internos 12.842 millones (+18,9%) y el impuesto a los Bienes Personales 7.146 millones de pesos (+20,1%).

Dentro de estos ingresos, están contemplados los montos provenientes del impuesto al cheque y a los cigarrillos, normas que deberán ser prorrogadas antes de fin de año.

Según el texto, el 60,0% del Presupuesto 2012 estará destinado a servicios sociales (salud, asistencia social, educación, vivienda, agua potable), que alcanzarán 303.027 millones de pesos, que representa un incremento del 20,6% respecto a 2011.

Fuente: El Argentino.com, miércoles 28 de septiembre de 2011.

Papel Prensa: Clarín y La Nación echaron a los directores del Estado

En una asamblea que no había sido avalada por la Comisión de Valores, los accionistas privados desaprobaron la gestión de los representantes y síndicos estatales. “El objeto es destruir información ”, dijo el titular de la SIGEN.


 
En lo que definió como “una maniobra malintencionada”, el Estado se quedó sin representantes en Papel Prensa. Los accionistas privados, Clarín y La Nación, no aprobaron la gestión de los tres directores, los dos síndicos y el inspector designados por el gobierno nacional, y los echaron. Todo ocurrió en una asamblea que fue denunciada por Guillermo Moreno –quien ejerce los derechos societarios que le corresponden al Estado– y que había sido desaprobada por la Comisión Nacional de Valores. El síndico de PP, y a su vez titular de la SIGEN, Daniel Reposo, calificó la acción como de “patoterismo jurídico”. Además denunció por irregular la autorización judicial y vinculó al juez Fernando Durao –quien avaló la convocatoria– con el apoderado de la compañía, Enrique Pigretti. Los funcionarios nacionales informaron que apelarán a la justicia. 
No es la primera vez que el Estado Nacional se queda sin representantes en la empresa que integra. En mayo de este año, el juez nacional Eduardo Malde ordenó restituir en sus cargos a Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, tras nueve meses sin poder entrar a la firma porque la llamada “mayoría automática” de los accionistas privados de Papel Prensa habían
desaprobado sus respectivas gestiones en otra polémica asamblea.
“Nosotros estábamos avanzando en la investigación de las irregularidades en la empresa. Nos desvinculan con el único objeto de destruir información que tienen en la sede de la empresa”, le dijo Daniel Reposo a este diario.
La convocatoria había sido
desautorizada por la Comisión Nacional de Valores por no cumplir con la normativa vigente. Clarín y La Nación apelaron la medida ante la justicia. Y el juez en lo Comercial Fernando Durao dictó una resolución a favor de los privados. “Esta es una nueva irregularidad debido a que el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación establece que el magistrado debe ser elegido por sorteo, algo que no se cumplió. Asimismo, el órgano para entender en este tipo de cuestiones es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y no un juzgado de primera instancia”, explicó el titular de la SIGEN.
En la jornada de ayer, el diario Clarín había alentado al juez Durao con un artículo en el que narraba una supuesta conversación de Moreno con el magistrado, donde el secretario de Comercio le destacaba que, dado su vínculo con el abogado de Papel Prensa, no le correspondía resolver en el pleito.
Ayer, Moreno le envió una carta al presidente del directorio de Papel Prensa, Alberto Maquieira, donde le subrayó que la asamblea no podía llevarse a cabo. “En una maniobra malintencionada, los tres accionistas por el capital privado, Agea, Cimeco, La Nación, en una clara acción tendiente a desobedecer al organismo de control, urdieron un plan extra legem”, dice la misiva.
Papel Prensa acabó en manos de Clarín y La Nación en una operación que, por estos días, está siendo mirada con lupa en la justicia. El gobierno nacional denunció como un crimen de lesa humanidad las presiones y tormentos que obligaron a la familia Graiver a desprenderse de la empresa durante la última dictadura militar. Papel Prensa abastece de papel a la mayoría de los diarios del país.
El gobierno de Cristina Fernández intenta, desde hace casi dos años, que todos los diarios del país paguen el mismo precio por el papel que produce Papel Prensa. Y que la empresa no favorezca la clara hegemonía en el mercado de los dos diarios de mayores ventas. Pero esa iniciativa desató una disputa judicial larga, sostenida y con ramificaciones diversas. Y su esbozo en forma de proyecto de ley todavía no progresó de manera decisiva en el Congreso de la Nación.
Además, los representantes del Estado Nacional denunciaron severas irregularidades en la administración de la empresa: el sobredimensionamiento de costos, licuación de deudas del Grupo Clarín y La Nación, falta de inversiones, ausencia de controles internos dentro de la sociedad, incompatibilidades de los miembros del Consejo de Vigilancia y de los de la Comisión Fiscalizadora y los excesivos salarios gerenciales (por encima de los 100 mil pesos mensuales).
“Tendremos que acudir judicialmente para pedir la anulación judicial”, anunció Alberto González Arzac, el representante del Estado Nacional en el Consejo de Vigilancia de la empresa por parte del Estado. “Esto fue una argucia para seguir con el incumplimiento del objeto social. Y perjudicar a los medios que compran papel. En este marco, Papel Prensa carece de todo control”, añadió Reposo.


Fuente: Tiempo Argentino, Miércoles 28 de septiembre de 2011.

Estela Carlotto: "Dio pudor ver cómo insultaban a Lorenzetti"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo reivindicó la actitud del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien luego de ser insultado por familiares de represores detenidos por violaciones a los derechos humanos confirmó que "no se va a retroceder en los juicios de lesa humanidad". Carlotto destacó, además, que el magistrado integra "una Corte independiente, con personas muy probas en esa última instancia judicial".

"Fue bastante sorpresivo, nos dio mucho pudor ver cómo lo insultaban a Lorenzetti", expresó la dirigente, al lamentar el "escrache" que sufrió ayer Lorenzetti por parte de integrantes de la denominada "Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos", mientras presentaba su libro "Derechos Humanos: justicia y reparación", un puñado de manifestantes lo interrumpió al grito de "¡no se respetan los derechos humanos, mentiroso!", y demás insultos.

Carlotto comentó que muchos de quienes participaban del acontecimiento, desarrollado en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, "esperaban ver a la señora (Cecilia) Pando" entre los agresores, en alusión a la esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado, una notoria activista pro dictadura.

Además, la titular del organismo de derechos humanos destacó la actitud del público que fue "muy contundente, sobre todo cuando Lorenzetti reiteraba que se va a seguir (con los juicios) y que no habrá retroceso, lo cual es muy importante que lo diga quien lidera la Corte Suprema de Justicia".

"Acá hay un pueblo, no sólo los organismos de derechos humanos, que acompaña en esto de que no hay que olvidar y dejar las cosas bien claritas para que no se repitan", concluyó Carlotto.

Fuente: Pagina 12, miércoles, 28 de septiembre de 2011.

Servicio público móvil

Una comisión de la Cámara alta realiza hoy una audiencia pública para empezar a debatir un marco regulatorio para los servicios de telefonía móvil. Hay dos proyectos iniciales.

La Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, presidida por María Eugenia Estenssoro (CC), realizará hoy una audiencia pública para analizar la posibilidad de declarar a la telefonía móvil como un servicio público. Hay dos proyectos en discusión. Por un lado, la iniciativa del socialista Rubén Giustiniani busca fijar tarifas máximas para todos los prestadores y obliga a las empresas a transparentar sus costos, ingresos y pasivos. También está el texto de Blanca Osuna (FpV), que plantea requisitos específicos para la formulación de los contratos y ratifica el acceso a la portabilidad numérica. Ambas iniciativas se fundamentan en la falta de un marco regulatorio específico para un sector que actualmente está regido por una supuesta libre competencia, tal cual quedó definido en el decreto de desregulación de las telecomunicaciones del año 2000. Del encuentro participarán legisladores, especialistas, asociaciones de consumidores y las compañías.

En este contexto, los prestadores ya anunciaron que a partir de noviembre volverán a incrementar el precio de sus servicios en un 10 por ciento y podrían alcanzar para fin de año una suba total de 25 por ciento. En el mercado de telecomunicaciones hay tres grandes jugadores: Movistar (empresa del grupo Telefónica), Claro (compañía del grupo Telmex) y Personal (Telecom). El decreto de desregulación planteaba la posibilidad del libre ingreso de nuevos prestadores, sin embargo el mercado quedó más concentrado luego de la fusión entre la ex Movicom y Unifón (hoy Movistar).

El concepto de movilidad atraviesa todas las comunicaciones e incluye varios dispositivos. “Lo que impide mejorar el servicio de la telefonía celular no es tanto la falta de regulación, sino la falta de competencia y el cumplimiento de algunas reglas existentes que no terminan de aplicarse”, explicó a Página/12 Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones durante el gobierno de la Alianza, impulsor del decreto de desregulación. Según este especialista, en América latina se están licitando distintas bandas para el acceso a los servicios móviles, situación que no se da en el país.

A partir del año 2000, cuando Telefónica y Telecom dejaron de gozar del oligopolio de la telefonía fija, la crema del negocio quedó en el segmento de la telefonía móvil e Internet, donde las compañías aplican sus propios criterios de interconexión. Por eso, no es de esperar que vean con buenos ojos el intento por declarar servicio público su actividad principal.

“En la Argentina las empresas que más ganan son las petroleras, los bancos y las telefónicas. A esta altura, no hay una explicación de por qué no existe una regulación para este mercado, donde sólo tres compañías tienen dominado el sector. La muestra está en que Personal y Claro anunciaron nuevos incrementos. Todo esto tiene que estar regulado”, explicó Rubén Giustiniani a este diario. El proyecto de Blanca Osuna también plantea que las compañías ofrecen “barreras de entrada a nuevos competidores, que sumado a los costos hundidos de los prestadores, afecta de manera determinante la libre competencia”.

Fuente: Pagina 12, miércoles, 28 de septiembre de 2011.

Por: Sebastián Premici. 

Cristina 2011. La Fuerza de la Palabra!!!

http://www.youtube.com/watch?v=nhc7yuru6cA&feature=player_detailpage

A 35 años de La Noche de los Lapices.

Para recordarlos en la gloria, a los pibes que se enfrentaron, a esos cipayos que se impusieron ante el Pueblo con el uso de la fuerza, esos que quisieron destruirnos culturalmente, y robarnos las flores del jardín, pero no pudieron parar la primavera.

Llevemos a los compañeros a la eternidad y la gloria, recordando los como se lo merecen. Viva Nestor, y Fuerza Cristina, Hasta La Victoria Siempre.

Corriente Política y Social Germán Abdala.

Rozanski: "Pretenden desestabilizar el curso de los juicios"

El titular del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, atribuyó las amenazas de muerte e intimidaciones sufridas la semana pasada a un "plan para desestabilizar el proceso de los juicios". En este marco, juzgará a 26 represores de la última dictadura militar, entre ellos un civil, por delitos de lesa humanidad cometidos contra 360 víctimas, en 6 centros clandestinos de detención del Circuito Camps.

El juez federal que juzgó y condenó al ex represor Miguel Etchecolatz y al capellán Christian Von Wernich precisó que "efectivamente hay gente interesada en desequilibrar las causas, en especial las que se llevan a cabo en La Plata. Todo esto comenzó hace un año atrás y permanece en plena investigación, por eso no corresponde dar detalles".

En otro orden, la audiencia que preside Rozanski, junto a los jueces Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, acumula varias causas de víctimas de lo que se denominó el Circuito Camps, en alusión a los homicidios, secuestros, desapariciones y torturas ocurridas cuando el general Ramón Camps estaba al frente de la Policía Bonaerense.

Fuente: Pagina 12, Lunes 12 de Septiembre del 2011.