LA ABANDERADA DE LOS HUMILDES

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miércoles, 20 de julio de 2011

Julio De Vido aseguró que el caso Skanska fue “una causa armada”

“no se cometió ningún delito”, destacó el ministro de planificación.
Subrayó que “se trata claramente de maniobras ilícitas entre privados”. Cuestionó el tratamiento que le dieron los grandes medios y recordó que la firma sueca no tiene ningún contrato con el Estado en los últimos ocho años.
  El Caso Skanska se trata claramente de maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados”, indicó De Vido, quien cuestionó duramente el abordaje informativo que en su momento le dio a este tema “el macro multimedio integrado por Clarín, Perfil y La Nación”.
De esta manera, el ministro de Planificación intentó llevar un manto de claridad oficial en torno de un caso que ocupó la plana de algunos de los diarios tradicionales (ver recuadro aparte) de los últimos cuatro años.
De Vido recordó, además, que la empresa “Skanska no realizó ninguna obra como contratista del Estado Nacional durante los  ocho años de la administración kirchnerista.”
De esta manera, De Vido puso en tela de juicio el rol del “macro multimedio”, que en los “últimos cinco años nos ha escarniado ante la sociedad y nuestras familias no sólo a mí, sino también a (el ex tiular del ENARGAS, Fulvio) Madaro y a (el actual secretario de Energía, Daniel) Cameron”.

ORÍGENES DEL CASO. El caso Skanska nació en 2005 con la contratación de un concurso privado de precios por la construcción de dos gasoductos, en el norte y el sur del país.
El proyecto era gerenciado por la empresa Transportadora Gas del Norte, quien denunció el supuesto pago de un sobreprecio por la obra de $17 millones.
El caso lo siguió primero el juez del fuero en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien hilvanó la hipótesis de un aparente delito penal.
El juez consideró probado que Skanska pagó dos años atrás 118 facturas apócrifas al menos a 23 empresas fantasma o irregulares.
Por este caso, el juez Norberto Oyarbide llamó a indagatoria hace más de un año al secretario de Energía Daniel Cameron, quien después de escuchar el razonamiento del magistrado, hizo los descargos pertinentes.
Lo que estaba en cuestión es su supuesta participación en la contratación en el momento de la ejecución del proyecto de Expansión de gas 2005, para la realización de las obras en ella comprendidas, vinculadas a las obras TGN y TGS.
A Cameron se lo encontraba sospechoso del pago de “sobreprecios en perjuicio de los fondos constituidos para el financiamiento de tales obras”.
Sin embargo, el funcionario presentó un largo y minucioso escrito de 84 páginas con los argumentos de su defensa.
En su resumen, Cameron explicó que “no cometió ningún delito”, y aseguró además que “no existieron irregularidades en todo el proceso de ejecución del proyecto de expansión de la red transportadora de gas”.
El funcionario hizo su descargo escrito aportando muchos detalles técnicos e intentó desarticular el camino de complejas resoluciones que permitieron, según su postura, que las licitaciones para esta ampliación se llevaran adelante “legítimamente”.
Ayer, el ministro de Planificación Julio De Vido explicitó los resultados de la pericia realizada por los especialistas de la Corte Suprema, la cual, de acuerdo a lo informado por el funcionario, determinó que no existieron sobreprecios en los trabajos que se llevaron adelante en cuatro plantas compresoras (Lumbrera, Dean Funes, Lavalle y Río Seco) (ver aparte) y las ampliaciones en gasoductos del norte y sur del país, que abarcaban un total de 800 kilómetros.
“Recordemos –señaló el ministro– que, sobre la base de cálculo de TGN, se sospechaba que había sobrepreprecios, lo que la pericia descarta diciendo que lo que estaban mal eran los valores de referencia llevados adelante por la empresa, destacando que la adjudicación fue realizada a valores de mercado vigente”


Fuente: Tiempo Argentino; Miercoles 20 de Julio del 2011.

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