Papel Prensa: Clarín y La Nación echaron a los directores del Estado

En una asamblea que no había sido avalada por la Comisión de Valores, los accionistas privados desaprobaron la gestión de los representantes y síndicos estatales. “El objeto es destruir información ”, dijo el titular de la SIGEN.


 
En lo que definió como “una maniobra malintencionada”, el Estado se quedó sin representantes en Papel Prensa. Los accionistas privados, Clarín y La Nación, no aprobaron la gestión de los tres directores, los dos síndicos y el inspector designados por el gobierno nacional, y los echaron. Todo ocurrió en una asamblea que fue denunciada por Guillermo Moreno –quien ejerce los derechos societarios que le corresponden al Estado– y que había sido desaprobada por la Comisión Nacional de Valores. El síndico de PP, y a su vez titular de la SIGEN, Daniel Reposo, calificó la acción como de “patoterismo jurídico”. Además denunció por irregular la autorización judicial y vinculó al juez Fernando Durao –quien avaló la convocatoria– con el apoderado de la compañía, Enrique Pigretti. Los funcionarios nacionales informaron que apelarán a la justicia. 
No es la primera vez que el Estado Nacional se queda sin representantes en la empresa que integra. En mayo de este año, el juez nacional Eduardo Malde ordenó restituir en sus cargos a Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, tras nueve meses sin poder entrar a la firma porque la llamada “mayoría automática” de los accionistas privados de Papel Prensa habían
desaprobado sus respectivas gestiones en otra polémica asamblea.
“Nosotros estábamos avanzando en la investigación de las irregularidades en la empresa. Nos desvinculan con el único objeto de destruir información que tienen en la sede de la empresa”, le dijo Daniel Reposo a este diario.
La convocatoria había sido
desautorizada por la Comisión Nacional de Valores por no cumplir con la normativa vigente. Clarín y La Nación apelaron la medida ante la justicia. Y el juez en lo Comercial Fernando Durao dictó una resolución a favor de los privados. “Esta es una nueva irregularidad debido a que el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación establece que el magistrado debe ser elegido por sorteo, algo que no se cumplió. Asimismo, el órgano para entender en este tipo de cuestiones es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y no un juzgado de primera instancia”, explicó el titular de la SIGEN.
En la jornada de ayer, el diario Clarín había alentado al juez Durao con un artículo en el que narraba una supuesta conversación de Moreno con el magistrado, donde el secretario de Comercio le destacaba que, dado su vínculo con el abogado de Papel Prensa, no le correspondía resolver en el pleito.
Ayer, Moreno le envió una carta al presidente del directorio de Papel Prensa, Alberto Maquieira, donde le subrayó que la asamblea no podía llevarse a cabo. “En una maniobra malintencionada, los tres accionistas por el capital privado, Agea, Cimeco, La Nación, en una clara acción tendiente a desobedecer al organismo de control, urdieron un plan extra legem”, dice la misiva.
Papel Prensa acabó en manos de Clarín y La Nación en una operación que, por estos días, está siendo mirada con lupa en la justicia. El gobierno nacional denunció como un crimen de lesa humanidad las presiones y tormentos que obligaron a la familia Graiver a desprenderse de la empresa durante la última dictadura militar. Papel Prensa abastece de papel a la mayoría de los diarios del país.
El gobierno de Cristina Fernández intenta, desde hace casi dos años, que todos los diarios del país paguen el mismo precio por el papel que produce Papel Prensa. Y que la empresa no favorezca la clara hegemonía en el mercado de los dos diarios de mayores ventas. Pero esa iniciativa desató una disputa judicial larga, sostenida y con ramificaciones diversas. Y su esbozo en forma de proyecto de ley todavía no progresó de manera decisiva en el Congreso de la Nación.
Además, los representantes del Estado Nacional denunciaron severas irregularidades en la administración de la empresa: el sobredimensionamiento de costos, licuación de deudas del Grupo Clarín y La Nación, falta de inversiones, ausencia de controles internos dentro de la sociedad, incompatibilidades de los miembros del Consejo de Vigilancia y de los de la Comisión Fiscalizadora y los excesivos salarios gerenciales (por encima de los 100 mil pesos mensuales).
“Tendremos que acudir judicialmente para pedir la anulación judicial”, anunció Alberto González Arzac, el representante del Estado Nacional en el Consejo de Vigilancia de la empresa por parte del Estado. “Esto fue una argucia para seguir con el incumplimiento del objeto social. Y perjudicar a los medios que compran papel. En este marco, Papel Prensa carece de todo control”, añadió Reposo.


Fuente: Tiempo Argentino, Miércoles 28 de septiembre de 2011.